CIDH desestima pedido sobre consulta popular en Ecuador

El organismo desechó una solicitud de medidas a favor de tres funcionarios ecuatorianos afectados por la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, aprobada recientemente en consulta popular y referendo en Ecuador

La Corte tomó la determinación luego de escuchar los argumentos presentados en su sede en Costa Rica, por una delegación de estado liderada por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, según reportes de la cancillería de este país sudamericano.

Con cuatro votos a favor y dos en contra, la instancia resolvió ‘desestimar de plano la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos’.

Por otra parte, también dispuso la notificación de la resolución al estado de Ecuador y al ente que solicitó las medidas.

Esta mañana, la canciller y un equipo formado por la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el secretario nacional de Gestión Política, Miguel Carvajal, viajaron a la capital tica para explicar que en la consulta se respetó el criterio de la mayoría de los ecuatorianos.

La delegación también estuvo integrada por el subprocurador general del estado, Ricardo Velasco, el asesor de la secretaria jurídica de la Presidencia, Juan Sebastián Medina y un grupo técnico.

Tras la divulgación de los resultados preliminares, que dieron como ganador al Sí en las siete preguntas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la Corte interceder por miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes de acuerdo con lo aprobado en la tercera interrogante del referendo, serán destituidos.

Con respaldo mayoritario, la ciudadanía ecuatoriana determinó dar paso a la propuesta de sustituir a todos los integrantes del ente por un equipo provisional, designado por el presidente, Lenín Moreno, hasta marzo de 2019, cuando el pueblo elija en las urnas a los representantes definitivos.

La pregunta fue una de las más polémicas y centro de la batalla en campaña por el SI, encabezado por el mandatario, miembros de su gabinete y 36 formaciones políticas y sociales, y el No, liderado por el exdignatario, Rafael Correa, exdirectivos del oficialista Movimiento Alianza PAIS y cuatro organizaciones civiles, quienes la consideraban un golpe de estado.

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